PROFEPA, SEMARNAT Y TSJQ NO RESPETAN LEY FORESTAL: CCMA

Consejo Ciudadano del Medio Ambiente en rueda de prensa. Foto: Agencia Obtura

5 de enero del 2012

Por Redacción Ketzalkoatl

Ambientalistas del estado de Querétaro denunciaron presuntas negociaciones ilícitas realizadas por Arturo Eulogio Ortiz Montes, delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), tras verse involucrado en el desmonte de 57 mil 500 metros cuadrados en Peña Colorada.

A decir de América Vizcaíno, integrante del Consejo Ciudadano del Medio Ambiente, el modus operandi de los desarrolladores inmobiliarios y la Profepa es el siguiente: “Primero devastan el sitio y quitan toda la cobertura vegetal. Después esperan un tiempo para que todo se tranquilice, luego promueven  accidentes intencionales como incendios o desmontes. Después de esto, Profepa  multa de mil a cuatro mil pesos por metro cuadrado, y pide sembrar algunas jacarandas en el río Querétaro o en la Peña de Bernal. Más tarde el infractor pide permiso de urbanizar bajo el pretexto de que no existe flora ni fauna y las autoridades acceden”.

No obstante, la ambientalista agregó que tanto la Profepa como la Semarnat no respetan la Ley Forestal, ni los planes de ordenamiento territorial del Estado, pues por ley tienen la autoridad de negar los permisos de cambios de uso dentro del territorio estatal y no lo hacen.

Por otra parte, Vizcaíno Sahagún recordó que la demanda interpuesta en contra del Municipio de Querétaro, tras aprobar el cambio de uso de suelo de 32 hectáreas del predio Ex hacienda la Solana (dentro de Peña Colorada), está siendo desestimada por el juez, Salvador García Alcocer, ya que es la primera demanda ambiental que llega al Tribunal Supremo de Justicia de Querétaro y no entienden esta problemática. Otro detalle que atribuyó a la obstaculización de la demanda, es el parentesco sanguíneo del juez con un conocido desarrollador inmobiliario.

Para finalizar, los activistas sentenciaron que si la ausencia de autoridad ambiental persiste, formarán un movimiento de resistencia civil que defienda el derecho de todos los ciudadanos a un desarrollo sostenible.

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