Iniciativa Mérida: capítulo Peña Nieto

Militares resguardan Teatro de la República de Querétaro por visita EPN. Foto: Ketzalkoatl
Militares resguardan Teatro de la República por visita EPN a Querétaro. Foto: Ketzalkoatl

Teresa E. Hernández-Bolaños | Doctorante en Estudios Latinoamericanos

Durante los primeros 100 días del gobierno peñista, tanto el Presidente como su gabinete guardaron prudente silencio en el tema del narcotráfico, el crimen organizado y las cifras de asesinatos en manos de la delincuencia. Se aseguraron de simular un aparente “control” del tema por parte del gobierno, marcando distancia de la gestión del sexenio calderonista.

Recordemos que Calderón jamás logró con este tema legitimar su gobierno, a pesar de que su proyecto gubernamental se montó en el diseño de una “guerra contra el narcotráfico”, aún cuando hoy lo niega, argumentó que daría respuesta a la solicitud más sentida de la población, la violencia. Por el contrario, como hemos señalado, el gobierno de Peña Nieto procuró proyectar en el primer balance una imagen pública de paz y un notable progreso o mejora en el tema de la violencia y el narcotráfico.

Hasta hoy, Peña ha procurado alejarse del vocablo “guerra” y no tocar directa y abiertamente el tema del narcotráfico y el crimen organizado. Sobre la Iniciativa Mérida, nada se dijo sino hasta abril. Las calmas aguas, que los medios sobre todo televisivos han ayudado a aparentar, parecen ocultar el remolino subterráneo de una nueva estrategia en torno al tema. De los 4 mil 249 homicidios vinculados con la delincuencia organizada acumulados en el primer cuatrimestre de Peña, poco se ha dicho.

Sólo algunos medios impresos han hablado sobre las cifras y sobre el escenario de violencia que prevalece en México. Es notorio el cómplice silencio que ha evitado exhibir las cifras mes a mes, como se acostumbraba hacer durante el gobierno de Calderón.

Sexenio de simulación

En el primer cuatrimestre de gobierno los reflectores se han puesto sobre el tema de las reformas constitucionales, las nuevas leyes y las nuevas iniciativas, Peña es ahora el presidente de las reformas y no el de la guerra contra el narco. Sin embargo, este cambio de escenografía en la puesta en escena nacional no significa que haya desaparecido el crimen organizado ni que hayan disminuido considerablemente las cifras de muertes violentas, aún cuando Osorio Chong, sostenía hace algunos días la disminución en un 17% de los homicidios en comparación a este periodo en 2012. El escenario de violencia continúa y parece que en este gobierno se planea una nueva etapa de combate al crimen organizado y al narcotráfico con las mismas directrices y lineamientos del Plan Mérida.

No hay que olvidar que el Plan Mérida es un proyecto de largo plazo, por etapas y subordinado a las proyecciones del Gabinete de Seguridad de los Estados Unidos. Como el Plan Colombia, el Plan Mérida está financiado por el presupuesto del gobierno norteamericano y subordinado a la estrategia de combate al narcotráfico de este país, que lo considera como la primera amenaza a su seguridad nacional. El gobierno de Calderón asumió la responsabilidad histórica de ceder la soberanía de México en este tema y en junio del 2008 firmó el Plan o Iniciativa Mérida, para lo cual se le otorgó un millonario presupuesto. El Acuerdo entonces firmado comprometió a México a asumir los lineamientos que le fueran indicados por los Estados Unidos, y lo comprometió a entregar soberanía, territorio y cuentas para justificar la entrega de nuevo presupuesto. Desde entonces los supuestos planes de Seguridad en México están alineados a este acuerdo.

México es presa desde entonces de lo que se llamó acciones de Inteligencia Operativa en manos de los servicios de Inteligencia norteamericanos (DEA- Agencia Antidrogas, CIA- Agencia Central de Inteligencia, FBI, etc.), mismas que operan desde México desplegando su “inteligencia militar”, que incluye la presencia de “mercenarios” de organizaciones privadas contratadas por el Pentágono, para entrenar y “capacitar” a los cuerpos de la Secretaría de Seguridad Pública de nuestro país, para combatir lo que en 2010 denominaron “narcoterroristas” (Hillary Clinton en 2010 calificó el fenómeno ya no como “crimen organizado”, sino como “narcoinsurgencia” y “narcoterrorismo”), sumándose a ello la posibilidad de instalar bases militares en nuestro territorio en la misma medida y cantidad que las puestas en Colombia.

Sin duda el nuevo sexenio abre una nueva etapa, cómo se manejará el discurso al interior del país aún no está claro. En 2010 el gobierno Norteamericano hizo un balance de los avances en México y los calificó de estrategia fallida, indicó un viraje en la estrategia, anunciando que la Iniciativa Mérida no solo se enfocaría a la lucha contra el narcotráfico, el aspecto político-militar, sino que se enfocaría al aspecto social (educación, salud, desarrollo económico y social), este aspecto puede darnos una idea de por dónde se encaminará el discurso peñista en materia de combate al crimen organizado. Adelantamos que seguramente se tratará de suavizar el discurso, encubrirlo con política social, se hablará de prevención en la nueva etapa.

Por ahora, el pasado 17 de abril, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunciaba un encuentro por parte del Gobierno de Peña Nieto con el gobierno de Obama en el que se firmó una nueva etapa de la Iniciativa o Plan Mérida, estos recursos se emplearían para la “prevención y la justicia penal”, según dijo. También sostuvo que en 2008 el “Plan antinarcóticos” se firmó para las necesidades del momento, y hoy las necesidades son distintas. Según comentó hasta hoy el presupuesto invertido en la supuesta lucha contra el narcotráfico asciende a unos mil 600 millones de dólares. El nuevo presupuesto habrá de liberarse en cuanto se instale una mesa bilateral que coordine los nuevos proyectos en el marco de Plan Mérida. Se hablaba de unos 205 millones de dólares solicitados por Obama al Congreso, destinados para México en el que se incluye la ayuda antidrogas para 2014.

Aún es difícil prever los términos reales de lo que será el capítulo Peña en el marco del combate al crimen organizado y el Plan Mérida, sin embargo ya existen algunos elementos. Muy probablemente, será un sexenio de la simulación, en el que cada acción será cuidadosamente encubierta, poco o nada se sabrá de cifras reales, de acciones y de presupuestos, que no sea el discurso de la prevención y la justicia.

Para muestra siempre basta un botón, el gobierno de Peña Nieto a través de la Procuraduría General de la República (PGR), según publicó Proceso –citando a Reforma- el 7 de abril, determinó reservar por 12 años informes oficiales sobre el crimen organizado en el país, tales como el número de cárteles que existen, sus nombres, líderes y zonas de operación, argumentando, en voz de Jesús Murillo Karam, que la difusión de estos datos afectaría las estrategias de combate a la delincuencia organizada y que incluso pondría en riesgo la vida de los mismos criminales, de acuerdo a lo publicado por Reforma.

Estos risible argumentos, parece que serán el denominador común del capítulo Peña, que contrastan con la información que también Proceso exhibiría en pasados días al informar sobre el avance de los carteles en el estado de Texas. Según la información originada en este estado seis carteles mexicanos controlan el estado de Texas y la frontera con el estado de Chihuahua. Presuntamente los carteles de Sinaloa, La Familia Michoacana, Los Zetas, cártel del Golfo, el grupo criminal de los hermanos Beltrán Leyva y el cártel de Juárez, dominan el este y sureste, oeste y suroeste del estado. Será en los próximos meses cuando la estrategia sea más clara y el gobierno defina su discurso, su postura y la etapa que se ejecutará en relación a los compromisos contraídos en el Plan Mérida. Ω

Twitter: @estelabol

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