Cruzada contra el hambre: incongruencia gubernamental

Maíz nativo de Querétaro. Foto: Ketzalkoatl
Maíz nativo de Querétaro. Foto: Ketzalkoatl

Teresa E. Hernández-Bolaños | Doctorante en Estudios Latinoamericanos

Desde que fuera publicado el decreto por el que se estableció el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE), con fecha 22 de enero del 2013, en el Diario Oficial de la Federación, la SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social) y su secretaria, Rosario Robles, poco o nada han hecho por “erradicar el hambre”, menos han logrado avanzar siquiera en uno de los cinco objetivos propuestos por el programa (sistema o estrategia, la indefinición es de origen). Por el contrario, lo único que la titular ha logrado crear en la vox pópuli es una creciente impopularidad, desprestigio e incredulidad generalizada en torno al programa.

Y no es para menos, el “arranque” no pudo ser menos impopular y desprestigiado que una entrega de “despensas” al mejor y más antiguo estilo clientelar priísta, cuya calidad nutrimental fue puesta en duda, evidenciando la complicidad empresarial de los productos involucrados. La larga lista de transnacionales y organizaciones patrocinadoras del hambre (Pepsico, Kellogs, Nestlé, Fundación Merced, Un Kilo de Ayuda, Fundación FEMSA, Asociación Mexicana de Alimentos, Comedores Santa María, Fomento Social Banamex, etc., entre 19,000 organizaciones más), se combinó torpemente con el escenario menos indicado, el estado de Chiapas (Navenchauc, Municipio de Zinacantán, Chiapas), en donde tanto el Presidente Peña Nieto como Rosario Robles se presentaron en abril pasado para arrancar la famosa cruzada.

Más allá de los resultados y de la visibilidad que los reflectores mediáticos presentaron en el arranque del programa, poniendo énfasis en uno de los objetivos (cero hambre en población con pobreza extrema), lo cierto es que la estrategia fue planteada como un programa más amplio. Tanto el Pacto por México, como el mismo decreto plantean cinco objetivos: 1) cero hambre en población con pobreza extrema y carencia por acceso a la alimentación, 2) eliminar la desnutrición infantil aguda, 3) aumentar la producción e ingresos de campesinos, 4) minimizar las pérdidas post-cosecha, y 5) promover la participación comunitaria.

De todos ellos, a cinco meses del lanzamiento publicitario, sólo uno ha logrado visibilidad, no así avances, el primero de ellos, ya que se ha quedado como un programa asistencialista más, relacionado íntimamente con el segundo, ambos pocos o nulos resultados tendrán a mediano y largo plazo. Sin embargo, los tres objetivos siguientes tocan una de las fibras más delicadas y sensibles del país, el tema agrario, la soberanía alimentaria y la pobreza alimentaria de, cada día más millones de mexicanos. En estos últimos objetivos la incongruencia entre la demagogia gubernamental y la estructura económica del país es más evidente. El modelo económico, la estructura institucional y los intereses transnacionales que marcan la pauta agrícola en México son implacables ante las necesidades sociales, dejando a los programas como éste, simplemente desarticulados, grotescamente incongruentes.

Si la lógica nos asiste, la única manera de erradicar el hambre debe fundamentarse en dos grandes líneas de acción, la producción soberana y autónoma de alimentos, y la redistribución del ingreso que permita a las familias acceder a los bienes de subsistencia, para lo cual se requiere un modelo económico que establezca condiciones igualitarias entre sus ciudadanos y no ahonde la polarización entre los que más y menos tienen, quitando a estos últimos las condiciones de empleo y generación de recursos. De ahí que los objetivos propuestos no pueden lograrse con programas asistenciales como los que se describen en cada uno de los objetivos.

Para muestra siempre basta un botón, según la SEDESOL para lograr el objetivo tres, aumentar la producción e ingresos de campesinos, el gobierno vía “cruzada contra el hambre” apoyará el aumento y mejoramiento de producción agropecuaria, mediante una serie de programas como Programa de la Mujer en el Sector Agrario, Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras, o Programa de Subsidios a la Prima del Seguro Agropecuario, entre otros; sin embargo, estos programas, lejos están de estimular la producción agrícola, apoyar a los campesinos y lograr soberanía y autonomía alimentaria, ya que el presupuesto gubernamental para el impulso a la productividad de los pequeños y medianos productores va a la baja, disminuyó en poco más de mil millones de pesos los recursos del programa de alimentación incluido en la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación de este año. Sin mencionar que México importa 44 por ciento de los alimentos, situación que deriva en dependencia alimentaria para nuestro país.

Apenas 1.1 por ciento del presupuesto se destina a los pequeños y medianos productores, mientras que el 96 por ciento de los recursos que se destinan para fomento productivo lo absorben las agroindustrias, entiéndase MONSANTO, Bayer y Syngenta Agro, entre otras transnacionales, que han conseguido la autorización y los permisos no solo para producir alimentos en México, sino hacerlo con semillas genéticamente modificadas (transgénicas). Esta manipulación, control y posesión de la producción de alimentos a nivel nacional y mundial de estos grandes monstruos de la agroindustria, ataca directamente la soberanía alimentaria de los pueblos, al mismo tiempo que a las autonomías culturales y por supuesto las economías agrícolas campesinas, dejando a nuestros campesinos en total desventaja, ante la complicidad gubernamental, que pretende inventar paliativos disfrazados de programas y de políticas agropecuarias, para erradicar la pobreza.

Para los movimientos y organizaciones campesinas la cruzada contra el hambre no es más que una nueva incongruencia política del gobierno, así lo han dejado claro en el Foro de Análisis sobre el Pacto por México, durante su reunión en diciembre del año pasado. Marco Ortiz, dirigente de la Coduc (Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas), señaló que su demanda es que la soberanía alimentaria se convierta en el eje central de la política de Estado enfocada en la productividad y no del asistencialismo que se presta a la compra de conciencias a cambio de despensas. Para los movimientos y organismos campesinos lo que hace falta es un cambio en el modelo económico y en la redistribución de los recursos presupuestales.

De ahí que podamos concluir que la tarea pendiente en México, una vez más, es combatir los problemas de manera estructural, cambiar el modelo económico y apoyar la producción soberana y autónoma de alimentos en manos de los campesinos, lo que permitirá a mediano y largo plazo erradicar no sólo el hambre sino las desigualdades cada día más polarizadas en un país como México, sumamente desgastado por la corrupción en el ámbito político y la liberalización de los mercados, en el ámbito económico. De otra manera seguiremos impulsando paliativos asistenciales respaldados por un aparato mercadológico mediático que mercantiliza la pobreza y busca “patrocinadores” en el libre mercado. Ω

@estelabol

estelahdzb@gmail.com

 

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