Derechos humanos en Venezuela

Foto de www.vtv.gob.ve
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Teresa E. Hernández-Bolaños | Doctorante en estudios Latinoamericanos

La controversia en torno a los derechos humanos en Venezuela

Los acontecimientos de violencia, francamente reprobables, acaecidos desde el pasado mes de febrero en Venezuela han sido objeto de opiniones nacionales e internacionales en torno a los derechos humanos. La cifra ascendente de muertos, la quema de instalaciones universitarias, de instalaciones e infraestructura pública del Estado venezolano y las acusaciones de represión, caos y violencia imputadas al gobierno de Maduro por parte de grupos (cierto sector de la población, partidos políticos y dirigentes políticos de extrema derecha) opositores al gobierno, de las cuales ha hecho eco la opinión pública internacional a través de los medios de comunicación, ha llegado a interesar a los activistas pro derechos humanos, quienes pretenden promover en Venezuela un territorio en el que se respeten los derechos humanos de todos los ciudadanos en un país extraordinariamente polarizado, y del que se está muy mal informado en los medios internacionales.

Ante las escandalosas manipulaciones mediáticas de los recientes acontecimientos en Venezuela y las agresiones violentas perpetradas por grupos opositores en alianza con fuerzas de derecha internacional, cuyo objetivo implica la desestabilización política del país y la destitución por medio violento del actual presidente del país, así como la reacción del gobierno y la población chavista, se han realizado balances e informes que pretenden dar cuenta de los acontecimientos y la lucha de fuerzas políticas y sociales. Ante las muchas voces que se levantan en pro y en contra del gobierno que distorsiona la realidad venezolana, activistas de derechos humanos venezolanos, así como la misma organización Amnistía Internacional han realizado balances de la situación.

Los mismos balances e informes han sido objeto de polémica y de ciertas contradicciones entre ellos, en función de la información u objetividad con que se trata el tema y las evidencias. El pasado mes de marzo activistas de derechos humanos venezolanos hicieron público su segundo comunicado (el primero fue el 24 de febrero) en el que sostienen: “Reiteramos el alerta sobre la persistente distorsión del tema de los derechos humanos, evidenciada a través de la campaña de desinformación que mantienen numerosos medios nacionales e internacionales sobre la situación de Venezuela”. Asimismo el Informe publicado por Amnistía Internacional que lleva por nombre “Venezuela. Los Derechos Humanos en Riesgo en Medio de Protestas” elaborado el pasado mes de abril fue duramente analizado y cuestionado por parte de la Plataforma Bolivariana Francisco de Miranda de Cádiz (España), por presentar cierta tendencia a culpabilizar al gobierno de la violencia acusándolo de represor, siguiendo o dejándose llevar por la matriz mediática que maneja esta tendencia, cuando lo recomendable es informar y evaluar las condiciones y responsabilidades tanto del gobierno como de los grupos opositores, quienes han agredido directamente instalaciones del partido oficialista y asesinado a simpatizantes o militantes chavistas, sin contar el lenguaje violento, discriminatorio y de notable odio con que ciertas capas medias se refieren al resto de la sociedad y a las vías incendiarias para derrocar al gobierno; así como tampoco pueden dejarse de referir los excesos que se han presentado por parte de ciertos miembros de la policía.

Con el objetivo de dar a conocer los acontecimientos de la actual realidad venezolana, desde otra perspectiva y de una fuente confiable y objetiva, de quienes no sólo están a favor de los Derechos Humanos, como activistas y militantes de los derechos humanos (como se autodefinen desde su primer comunicado), trascribimos de manera parcial parte del segundo comunicado de los activistas venezolanos, emitido el pasado 25 de marzo de 2014. Puede consultar el comunicado completo en http://www.aporrea.org/actualidad/a184897.html

Segundo Comunicado (Activistas de Derechos Humanos). Derechos humanos en Venezuela: una mirada alternativa (II)

Como militantes de izquierda y activistas de derechos humanos, los abajo firmantes ofrecemos un nuevo balance sobre los hechos ocurridos en el país en días recientes. Reiteramos el alerta sobre la persistente distorsión del tema de los derechos humanos, evidenciada a través de la campaña de desinformación que mantienen numerosos medios nacionales e internacionales sobre la situación de Venezuela.

Continúa la instrumentalización de los derechos humanos

Durante febrero y marzo, las grandes corporaciones mediáticas han amplificado la matriz de información según la cual el gobierno venezolano ha respondido con brutal represión a las legítimas exigencias del sector estudiantil. Esta misma matriz deriva como consecuencia la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos de manifestantes pacíficos. En efecto, hay casos que apuntan hacia la responsabilidad de funcionarios del Estado. Sin embargo el análisis de los hechos nos permite reiterar que se está produciendo una distorsión interesada del tema de los derechos humanos en esta coyuntura.

Algunas ONGs que defienden a los estudiantes han difundido gruesas cifras de maltratados, torturados y detenidos, pero el número de casos presentado luego ante la Fiscalía (e incluso elevados ante instancias internacionales) fue inferior al denunciado públicamente. En recientes declaraciones, el Relator Especial de la ONU contra la tortura, Juan Méndez, ante los casos que han sido llevados a esa instancia, señaló: “Los casos que yo calificaría de torturas son dos o tres, pero eso no quiere decir que no haya más. Los que trajeron a mi conocimiento son dos o tres”.

Buena parte de estas denuncias hechas a través de medios de comunicación o redes sociales, han sido respaldadas por imágenes que no corresponden a la realidad venezolana. Otras han sido desmentidas públicamente por testigos. En lo que respecta al derecho a la vida, el número de víctimas atribuibles a los cuerpos de seguridad es significativamente menor al que refleja un lamentable saldo de violencia política entre civiles. A estos elementos se suma la deliberada omisión sobre el carácter violento de muchas de las protestas. El conjunto permite construir la falsa percepción, sobre todo a escala internacional, de una grave crisis de derechos humanos en Venezuela.

El saldo de las protestas

Luego de cinco semanas de protestas, el saldo oficial es de 461 heridos y mil 854 detenidos. Entre éstos, 121 permanecen privados de libertad. A la mayoría de los detenidos les impusieron medidas cautelares y el resto goza de libertad plena. Al menos 34 personas han perdido la vida. Todas las víctimas son igualmente dolorosas para el país, y el análisis de las circunstancias en que se produjeron debe alertarnos sobre el peligro de permitir que se imponga una agenda de violencia política hasta fechas recientes inédita para los venezolanos: del total de víctimas, 19 fallecieron en guarimbas y 15 murieron en el marco de manifestaciones en la calle. 28 de las víctimas eran civiles (entre ellas, un fiscal del Ministerio Público y un trabajador de mantenimiento de la Alcaldía de Caracas); las seis restantes eran funcionarios de la GNB. Sobre las causas, 11 personas murieron a consecuencia de lesiones y 23 por disparos de armas de fuego; entre éstos, 5 sugieren la acción de francotiradores y otras 5, de tiradores desde vehículos en marcha. Al menos cuatro de estas muertes corresponden a violaciones del derecho a la vida; y 30 han ocurrido en hechos que calificamos de violencia política. Del total de muertes en manifestaciones, 13 ocurrieron por heridas de armas de fuego. Tres de estas víctimas son responsabilidad de funcionarios de seguridad (2 del Sebin y un GNB) que actuaban en el control de los disturbios ocurridos al finalizar una marcha convocada por la oposición. En 9 casos las evidencias señalan la responsabilidad de civiles armados, en diferentes hechos (…)

No estamos frente a una política sistemática de violación a los derechos humanos. Insistimos en que las violaciones de derechos humanos, expresadas en los casos de vulneración al derecho a la vida y en denuncias sobre malos tratos y torturas, deben ser condenadas y deben ser investigadas hasta sus últimas consecuencias. Según información oficial, todos los casos de violaciones del derecho a la vida, atribuibles a funcionarios públicos, están siendo procesados por los órganos de justicia correspondientes. La Fiscal General de la República ha manifestado que: “Si algún funcionario, sin importar rango, comete un delito de tortura, tratos crueles e inhumanos, nosotros lo vamos a castigar”. Igualmente ha asegurado que “El Ministerio Público no va a permitir ninguna detención arbitraria”.

Por su parte el Presidente Maduro también ha reconocido la participación de efectivos de seguridad que han incumplido su papel de resguardar los derechos humanos de la población y ha manifestado su voluntad de que estas situaciones sean investigadas y castigadas. Más allá de las declaraciones oficiales, tanto el análisis de la casuística de las protestas de las últimas semanas como la evidencia de las medidas adoptadas por los distintos poderes del Estado para atajar la protesta violenta y para enfrentar los casos de abusos de cuerpos de seguridad, indican una clara voluntad política y descartan la tesis de una política sistemática y generalizada de violaciones a derechos humanos. Entre estas medidas, cabe destacar la efectiva activación de los mecanismos de administración de justicia, el diálogo con organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y la puesta en marcha de medidas legislativas y ejecutivas para preservar los derechos humanos de la población en el control del orden público. Los principios de uso progresivo y proporcionado de la fuerza deben orientar la acción de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), tal y como lo establece la propia Constitución. Coyunturas como ésta revelan también la necesidad de que el Estado venezolano insista y profundice los esfuerzos que ha venido adelantando para reformar en profundidad los cuerpos de seguridad del Estado y ajustar su actuación al pleno respeto de los derechos humanos. Si bien se han alcanzado importantes logros en ese sentido, resulta imperativo que el gobierno asegure la continuidad y la debida urgencia en la aplicación de esta agenda fundamental (…) Ω

estelahdzb@gmail.com

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