Fiebre de austeridad y consulta popular

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Enrique Kato Vidal | Economista.-

Las buenas noticias para Grecia es que, como lo demuestra Argentina, puede haber vida después de la deuda y la suspensión de pagos, escribieron Joseph Stiglitz y Martín Guzmán (Huffington Post, 30/06/2015) unas horas antes de celebrarse un referéndum en Grecia el primer domingo de julio de 2015. La participación de los griegos fue alta, alcanzó el 62.5% de la población. Votaron 3.6 millones (62%) en contra y 2.2 millones (38%) a favor. El motivo de la consulta era si Grecia debía aceptar o no más políticas de austeridad de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. La propuesta del gobierno de llamar a referéndum dado el largo episodio de declive económico contrasta con la evolución de la crisis de Argentina, durante 2001-2002, que bajo la consigna de las multitudes “¡Que se vayan todos!” se obligó a dimitir, como ha señalado Naomi Klein, a una procesión de cuatro presidentes en menos de tres semanas. Las dificultades persisten, pero Argentina no permaneció en una trayectoria de declive como ocurre en Grecia. De hecho, el estado actual del mundo aún se puede calificar de debilidad económica, cuya racha actual proviene desde 2008.

Además de Grecia, existen 22 países en crisis de deuda, algunos de ellos en Centroamérica. La organización inglesa Jubilee Debt Campaign que tiene como objetivo la cancelación de las deudas impagables de los países más pobres, también contabilizó, en su publicación The New Debt Trap (julio de 2015) otros 71 países que actualmente presentan un alto riesgo de crisis de deuda alrededor del mundo. En Latinoamérica se identificaron a Brasil, Colombia, Panamá y Perú, por citar algunos. En la lista de países con riesgo financiero no aparecen ni Argentina ni México. La organización Jubilee Debt Campaign (jubileedebt.org.uk), que tiene sede en uno de los mayores centros financieros del mundo, precisa que su misión es modificar el otorgamiento de préstamos para terminar con el ciclo de crisis de la deuda que ha devastado millones de vida en todos los continentes desde la década de 1970, período en el que se inició la desregulación financiera.

La expansión, no la recesión, es el momento idóneo para la austeridad fiscal: John Maynard Keynes, 1937

Al momento de escribir este texto ya se conoce la propuesta del presupuesto de la federación de la Secretaría de Hacienda de México, pero aún se está discutiendo su aprobación en la Cámara de Diputados. Resulta muy probable que el año 2016 sea inédito en materia de finanzas públicas para México. En materia energética se están proponiendo menos inversiones (-21%) en Pemex y CFE, también ha disminuido la producción petrolera, han caído a mínimos los precios de petróleo y se ha logrado compensar parcialmente los menores ingresos petroleros del gobierno con un aumento en la recaudación de impuestos. El saldo es que las familias tienen menor ingreso disponible dado el aumento de impuestos. La propuesta de austeridad se refuerza si se observa que el presupuesto público 2016 del país será (-)1.9% menor (cifra sin inflación) que en 2015. Una disminución del presupuesto público está en pleno contraste con la tendencia de crecimiento de las últimas dos décadas que ha sido superior a 4% anual.

Se proponen políticas de austeridad para que los gobiernos no se endeuden, esto es, para que el gasto público se financie enteramente de los ingresos que pueda recaudar. Incluso frecuentemente se cuenta incorrectamente la analogía que las finanzas públicas operan de la misma forma que las finanzas familiares, de lo que se deriva la recomendación de contratar poca deuda para evitar que ésta se salga de control. La realidad en el campo macroeconómico, al que pertenece el gasto público, desmiente el paralelismo entre las finanzas públicas y las familiares. Me detengo únicamente en dos diferencias: El sector gobierno es un agente social tan relevante que cerca de 25% de la economía mexicana depende de su presupuesto, sus decisiones de aumentar o disminuir el gasto inciden proporcionalmente sobre todas las finanzas familiares y empresariales. Por lo tanto, las decisiones de presupuesto público no deben tomarse sin reconocer las consecuencias sobre los otros participantes de la economía.

La segunda consideración está relacionada con lo ya expuesto; desde el gobierno se puede planear bajar el gasto y aumentar los ingresos públicos. Sin embargo, los ingresos del gobierno provienen del dinamismo de la economía, tal que en épocas de alto crecimiento la recaudación de impuestos aumenta, a la vez que durante las recesiones los ingresos tributarios disminuyen. La evidencia internacional reciente muestra que no se logran concretar con éxito las políticas de austeridad que buscan subir los ingresos públicos al mismo tiempo que se reduce el gasto.

Fiebre de austeridad. Enfermedad que se caracteriza por el miedo exorbitante (a la deuda) con un optimismo despreocupado (sobre el crecimiento económico): Paul Krugman

El análisis de los datos sobre políticas de austeridad revela que un recorte del gasto público, durante episodios de debilidad económica como la actual reduce la recaudación de impuestos por lo que aumenta la deuda del gobierno y el desempleo. La predicción de estas consecuencias no es el resultado de un debate teórico o de un concurso de oratoria. Varios economistas ya habían señalado desde 2010 la necesidad de los estímulos monetarios y fiscales para reactivar el empleo y la producción en varios países. La confirmación llegó en octubre de 2012 cuando el propio Fondo Monetario Internacional revela con un análisis estadístico que los supuestos con que habían hecho sus predicciones no ocurrían en la práctica, en especial el supuesto sobre el valor del multiplicador fiscal de corto plazo (FMI, World Economic Outlook, pp. 41 y ss).

Más recientemente, Paul Krugman documenta (The Guardian, 29/04/2015) con información del Fondo Monetario Internacional que las políticas de austeridad y recortes constituyen un freno a las economías en todos los países que la adoptaron durante el período 2009-2013. El conocimiento que se tiene en materia de austeridad permite anticipar que la economía mexicana se desacelerará (aún más) durante 2016. El riesgo al que nos enfrentamos es que se prescriba el próximo año nuevamente más dosis de austeridad, con lo cual la trayectoria mexicana se asemejaría más a la caída de Grecia (2009-2015) que a la recuperación de Argentina de 2003 a 2013.

La consulta popular es el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos […] expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional: México, Ley de Consulta Popular, Art. 4.

En Grecia la población votó el no en el referéndum del cinco de julio, después el gobierno, a contracorriente, aceptó las condiciones de la Troika (Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional), algunas interpretaciones sugieren que así se evitó un costo mayor del que hubiera sido la salida de la unión monetaria europea. Posteriormente hubo un llamado extraordinario a nuevas elecciones y se reeligió en menos de nueve meses a Alexis Tsipras como primer ministro griego. No en todo el mundo la política es igual de vertiginosa. En marzo de 2014, se publicó en México la Ley Federal de Consulta Popular para tener un mecanismo de opinión respecto a temas de trascendencia nacional. A los pocos meses de la promulgación de esta ley la Suprema Corte de Justicia desechó la posibilidad de realizar tres consultas para conocer la opinión pública respecto a: 1) aumentar el salario mínimo hasta el nivel de bienestar oficial, 2) dar marcha atrás a la reforma energética que concede contratos a particulares, y 3) reducir a la mitad los diputados federales plurinominales. La razón del rechazo se encuentra en el artículo 11 de la propia ley que, entre otras previsiones, estipula que no podrá ser objeto de consulta los ingresos y gastos del Estado.

La ley de consulta en México no ha servido como un mecanismo para escuchar la opinión de la ciudadanía en materia económica, al menos en los tres casos propuestos en 2014 por los partidos políticos. Una negociación en secreto es la antítesis de una consulta. En el plano internacional se busca imponer el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica promovido por Estados Unidos y donde participan 11 países. El grado de secrecía es mayor, se requiere un alto perfil en la administración pública o una autorización especial para leer el texto preliminar; no se permiten copias, ni sacar el texto del lugar de lectura ni tampoco divulgar su contenido. En una entrevista, Barack Obama declaró (WSJ, 27/04/2015) que el acuerdo económico estará disponible para el público durante 60 días una vez que se hayan cerrado las negociaciones.

Si la transparencia hace más difícil vender el producto final a la opinión pública, entonces hay serios motivos para dudar de que lo que se está negociando sea deseable: Elizabeth Warren, senadora estadounidense, respecto al acuerdo económico transpacífico

Para el economista de la Universidad de Princeton, Dani Rodrik (Project Syndicate, 11/06/2015) lo más preocupante de las negociaciones en curso son las cláusulas sobre arbitraje de diferencias entre inversionistas y gobiernos (cláusulas ISDS) porque las empresas podrán demandar fuera del sistema legal de cada país a los gobiernos por causa de presuntas infracciones a los tratados de comercio, con los consecuentes costos, daños millonarios y pérdida de soberanía. También el Jubilee Debt Campaign señala que estos acuerdos comerciales están sumando previsiones para que los gobiernos se comprometan a nunca utilizar controles de los capitales financieros ni nuevas regulaciones al sector financiero, lo que implica que las autoridades económicas no podrían reaccionar ante la excesiva volatilidad de los capitales internacionales.

Existen iniciativas deseables para que los cambios institucionales sean más representativos y menos adversos a la población, como la iniciativa que promueve a la Organización de las Naciones Unidades para que sea un mejor árbitro, en vez del Fondo Monetario Internacional, entre los prestamistas y las naciones deudoras. Se trata de eliminar conflictos de interés al tratar temas de finanzas públicas. Se pueden realizar cambios a las instituciones públicas y económicas en el corto plazo, pero los efectos son duraderos. El escritor Deepak Chopra afirma que cuando se deshace el tejido de una sociedad justa, lleva generaciones tejerlo de nuevo juntos.

enriquekato@uaq.mx

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