La ciudad y el ambiente en manos de inmobiliarias

Fraccionamientos en las orillas de El Cimatario. Foto: Ketzalkoatl
Fraccionamientos en las orillas de El Cimatario. Foto: Ketzalkoatl

Víctor Xochipa |  Reportero.-

Todas las tardes Lucía juega sola en el jardín de su casa, ella quiere ser de grande científica, bióloga o veterinaria. El gusto por los animales la delata. Dice que su lugar favorito es El Cimatario porque vive cerca de ahí, en Cumbres del Cimatario. Y aunque no sepa la historia del cambio de uso de suelo ni la destrucción natural que ha ocurrido en las faldas de El Cimatario, su casa sólo representa un número más para los desarrolladores inmobiliarios, que aprovechan para vender casas con una supuesta mejora en la calidad de vida, a costa de la destrucción natural de la región.

Según expertos, el crecimiento urbano en Querétaro estalló durante el período de 1960 y finales de 1990, principalmente debido a la carretera México-Querétaro, la instalación de la industria y la migración de la población desde el Distrito Federal, a causa del terremoto del 85.

Desde los sesenta, los desarrolladores inmobiliarios predominantes en el Estado fueron: ICA, Jurica Incobusa-Torres Landa-Bustamante, Banamex-Umbra y Casas Modernas S.A., de las 38 inmobiliarias que operaban hasta ese momento.

Actualmente en Querétaro existen cientos de empresas de desarrollo inmobiliario, pero la mayoría son pequeños constructores. Los consorcios consolidados están en pocas manos: Desarrollos Residenciales Turísticos (DRT), ICA, Provincia Juriquilla, Complejos Residenciales México y Nurban (El Campanario), principalmente. En asuntos de polémica ambiental en el Estado destaca DRT, que cuenta con 14 complejos residenciales exclusivos, 9 habitacionales y 3 de comercios y servicios.

Cambios de cobertura vegetal en mil hectáreas 

Los desarrollos residenciales más criticados en materia ambiental son Zibatá, Cumbres del Lago y Cumbres del Cimatario. La edificación de Zibatá significó, entre otras cosas, el cambio de cobertura vegetal de mil hectáreas de tierra de vocación forestal para uso de servicios habitacionales, así árboles y biznagas que fueron desplazados de su hábitat, además de la fauna que se perdió. Este desarrollo habitacional se encuentra cerca de la zona ecológica de Peña Colorada, dentro del municipio de El Marqués. Su construcción además de casas, incluye centros comerciales, campos de golf y zonas ecológicas, según afirma su publicidad. Otro tema que despertó malestar ciudadano, fue respecto al uso del agua, porque los ambientalistas aseguraron que su consumo anual es de 500 mil m3 de agua para el campo de golf. Esta cifra que nunca ha sido confirmada o desmentida por el director general del grupo DRT, Víctor David Mena Aguilar.

La paradoja ambiental es que esta empresa recibió la autorización de SEMARNAT para registrarse en la categoría de Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre (PIMVS) de manera confinada fuera de su hábitat natural. Es decir, DRT esta autorizada para tener criaderos intensivos, viveros o jardines botánicos que manejen la vida silvestre con fines comerciales.

Por otra parte, la relación de DRT con el grupo Provincia Juriquilla ha sido estrecha aunque sean competencia comercial de los hermanos Torres Landa; por ejemplo las propiedades de la zona residencial, Cumbres del Lago están dividas entre estos dos grupos. Provincia Juriquilla, esta integrada por seis empresas principales que agrupan, entre otros, una plaza  de toros, un club de golf, un hotel, plazas comerciales y, eventos sociales y de espectáculos. La empresa también administra la fuente de abasto de agua en la zona de Juriquilla. Los ecologistas de la zona, afirman que no comprenden cómo una empresa privada se dedica a cobrar el agua potable, cuando en realidad estaría actuando como competencia de la Comisión Estatal de Agua (CEA).  También denunciaron el cobro de $550 pesos por cambio de medidor y $300 pesos como tarifa mínima mensual. El disgusto se hizo patente en las redes sociales (Facebook).

En el 2011, cuando Marcos Aguilar Vega era diputado del Congreso Local del Estado, propuso la cancelación de las corridas de toros, al tiempo que declaraba, que las aficiones de los políticos eran independientes de su obligación como servidores de la sociedad, “y lo que en su mayoría se pronuncie, será lo que los diputados realicemos en esta materia”. Poco tiempo después se retractó por presiones de los empresarios del ramo, entre los que destaca Juan Arturo “El Pollo” Torres Landa.  Después, a finales del 2012, a petición de este empresario, el diputado local, Marco Antonio León Hernández, propuso declarar las corridas de toros como patrimonio cultural de Querétaro, la propuesta fue aprobada rápidamente.

Y siguen los cambios de uso de suelo…

Otro consorcio, que se dio a conocer por cambios de uso de suelo en el Cabildo del Municipio de Querétaro, fue Complejos Residenciales S.A. de C.V., cuando su apoderado, Pablo Humberto Corona Artigas, solicitó el cambio de uso de suelo forestal de 32 hectáreas en el predio de la Exhacienda La Solana -dentro de Peña Colorada-, para uso habitacional. El caso promovió una demanda legal de la ecologista, América Vizcaíno en contra del municipio de Querétaro. Ahora, la empresa “se vende” como una inmobiliaria con conciencia ecológica: Bio Grand Juriquilla, Grand Juriquilla, Puerta Norte y Real Juriquilla.

Otra lucha por el territorio, es el caso del predio de La Laborcilla, en el municipio de El Marqués, donde los responsables del fraccionamiento residencial “El Campanario” enviaron a presuntos guardias de seguridad a sacar a ejidatarios de los límites con su propiedad. El desalojo se debió a que no accedieron a vender parte de su territorio, para extender el desarrollo inmobiliario de El Campanario. Como consecuencia una persona fue muerta y 33 hombres detenidos, todos campesinos de La Laborcilla. Al respecto, durante el gobierno de José Calzada, no se realizaron acciones suficientes que condujeran al esclarecimiento del caso.

Para cambios de uso de suelo existen dos opciones: 1) La municipal, que define el tipo de suelo y su vocación, y 2) La aprobación de la SEMARNAT a través de un estudio de impacto ambiental que autoriza el cambio de uso de suelo, la mayoría forestal a uso mixto o habitacional. Para la segunda opción, los dueños del predio dan una aportación económica por pago de servicios ambientales que va directo al Fondo Forestal Mexicano (FFM). 

Según la SEMARNAT en Querétaro en el periodo del 2004 al 2014, autorizó el cambio de 3 mil 903.24 hectáreas de vocación forestal para uso habitacional, la aportación económica para FFM fue 70 millones 605 mil 88.12 pesos. Los permisos fueron principalmente en el municipio de Querétaro, seguido de El Marqués, Corregidora, San Juan del Río y Colón. Los años con mayor autorización de permisos son el 2008 y el 2014, que coinciden con los últimos años de las administraciones del PAN y el PRI en el Estado. 

En el 2008, se autorizaron 913.80 hectáreas para cambio de uso de suelo forestal que representa un incremento de 234 por ciento de la tasa promedio con otros años, ese año fue el último de la administración panista del gobierno de Francisco Garrido Patrón. En el 2014 la cifra se disparó en un 250 por ciento. Ese año, fue el último de la administración priísta de José Calzada Rovirosa.

Los desarrolladores inmobiliarios están construyendo casas con un alto impacto ambiental: pérdida de servicios ambientales, alteraciones captación de agua, retención de partículas en el aire, cambios en la cadena trófica, etc., para personas con un poder adquisitivo medio alto. Sin embargo, el ingreso de una persona con salario promedio, no rebasa los cuatro salarios mínimos. El resultado de esta disparidad incide en el aumento de asentamientos irregulares –por un lado- y el gran margen de casas desocupadas –por el otro-, que según  INEGI, alcanzan la cifra de 83 mil (2010).  Ω

vxochipa@ketzalkoatl.com

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